ALTERNATIVAS
Miguel Ángel Rodríguez E.
El Informe de los 100 días que por su iniciativa rindió el Sr Presidente Solís pinta un cuadro muy doloroso de la administración pública. Tiene más que razón el Presidente de expresar su enojo por que “el país se nos fue hundiendo en una espiral de corrupción e ineficiencia, que hoy a casi todos nos asfixia y nos irrita”. Pero generalizar y culpar a todos no le ayuda a resolver los problemas, y para aplicar soluciones no sirve confundir corrupción e ineficiencia, como lo hace ese informe a todo lo largo.
Son muy diferentes la corrupción y la ineficiencia. La corrupción es un delito, una transgresión a las leyes y requiere una reparación penal. Como delito es la acción de un ser humano, que se debe individualizar, cuya realidad debe ser objetivamente investigada y juzgada con el debido proceso ante juez independiente. Lo sé porque lo he vivido durante 10 años, tras regresar voluntariamente al país para enfrentar una investigación y probar ante los jueces mi inocencia.
Diferente es la ineficiencia en la administración pública.
Este es un tema que tiene que ver con la estructura institucional, los procedimientos administrativos. Se corrige con cambios institucionales administrativos y no con procesos penales.
Por varios años venimos diagnosticando estos temas, y se han propuesto muy diversas soluciones. Como casi todas ellas afectan intereses particulares, poco se ha avanzado en ejecutarlas. Pero hay campos exitosos como el de seguridad ciudadana con la profesionalización y tecnificación de la policía que se inicia a fines del siglo pasado y que tuvo buena continuidad en el Gobierno de Doña Laura. Además algo se ha avanzado, pero poco, en tramitología.
Algunos cambios son generales y van desde la relación entre poderes y la planificación del ejecutivo, hasta los procedimientos de manejo de personal, de contratación, de evaluación, coordinación y control. Hace falta un sistema permanente de asesoría en Presidencia, separado de las tareas de ejecución y comunicación propias de los ministros, como fue el CAP en 1998-2002. Es imprescindible mejorar la contratación, evaluación y los incentivos a la burocracia. La evaluación de las políticas públicas no ha avanzado lo suficiente para que la rendición de cuentas sea de mayor relevancia. Es preciso reformar las tareas de control, sus límites y las competencias de los entes que las ejecutan.
Otros cambios requeridos para resolver la ineficiencia gubernamental son específicos para cada sector, como las listas de espera para cirugías urgentes, las trabas para una cita en un Ebais y el atraso en un examen urgente; la contratación de personal y la evaluación de resultados en la educación pública; la focalización y coordinación de programas sociales; la contratación de obras en infraestructura; los requisitos y tiempos para permisos e inscripciones.
Sobre todo esto hay propuestas de la Comisión de Notables del gobierno anterior, de la Escuela de Administración Pública dela UCR, de la propia Contraloría General de la República, de la Academia de Centroamérica y de muchas otras instituciones y ciudadanos.
Ponerlas en práctica es muy diferente a denunciar la corrupción.