Buenas intenciones pero con buenos resultados
Undécimo artículo de una serie publicada en La República sobre la necesidad de transformar nuestro modelo de desarrollo para alcanzar bienestar
Sabemos de la ineficiencia en los programas sociales. Ya en el segundo informe del PNUD sobre desarrollo humano en 1991 se evaluó nuestro financiamiento del desarrollo humano Teníamos un alto nivel de gasto público comparado con nuestro ingreso, un buen nivel -incluso elevado- de gasto público dirigido al sector social y un bajo porcentaje del gasto social dirigido a preocupaciones de prioridad humana. Alcanzábamos un nivel alto de gasto humano, pero de una manera ineficiente: con muy alto gasto público y muy baja participación del gasto prioritario social dentro del total de gasto social.
Se han dado cambios para procurar un uso eficiente de los recursos destinados a las personas que más requieren de la solidaridad. Así se pusieron en práctica sistemas como el SIPO para identificar a la población objetivo de los programas de promoción social, se exigió que se fuese parte de ese censo de familias pobres para recibir las becas escolares, las pensiones del régimen no contributivo, los bonos de vivienda y los programas del IMAS, se eliminaron las partidas específicas y se establecieron mecanismos de decisión participativa y para rendir cuentas oportunas de resultados.
Pero se volvió a ineficientes e injustas prácticas. El problema es las debilidades de los instrumentos de selección de los beneficiarios, de control de la ejecución y de medición de resultados. El estudio efectuado por Juan Diego Trejos para el Estado de La Nación de 2008 señala, con base en las encuestas de hogares, que en los programas de becas dos tercios de los beneficiarios no son pobres, en los programas de alimentación de los CEN CINAI un 54,8% no lo son, en los comedores escolares un 68% no son pobres, 58% de las ayudas del IMAS van a no pobres, 78% de los beneficiarios del bono de vivienda no son pobres y dos tercios de las personas que gozan de pensiones del sistema no contributivo tampoco son pobres. Solo en el caso del programa de salud de asegurados por cuenta del estado se llega a que al menos la mitad de los beneficiarios sean pobres, y apenas es un 50,6%. Es patente la necesidad de mejorar la administración de los programas sociales focalizados, tal como lo aprobó la Concertación Nacional en 1998.
Es necesario exigir que los beneficiarios se encuentren incluidos en el SIPO (o en un instrumento similar) los beneficiarios, para garantizar que pertenecen a una familia pobre, o que estando cerca de la línea de pobreza corren efectivo riesgo de caer en ella. El SIPO, con participación de los estudiantes universitarios, se debe mantener permanentemente actualizado para que incluya todas -y solo- las familias en condición de pobreza, y también se debe descentralizar y despolitizar la ejecución de los programas de atención social. Y claro es indispensable fijar metas y evaluar resultados de los distintos programas para asegurar que solo se destinen recursos a los que prueben ser eficientes.
La ventaja de Costa Rica es contar con un sistema descentralizado en el cual cada unidad atiende un número muy reducido de familias, que visita sus hogares y tiene información actualizada: los EBAIS. Claro que para poder extender su utilización de manera eficiente es necesario resolver los problemas gerenciales y financieros de la CCSS. Pero los EBAIS son una gran oportunidad para contar con entes contralores de la cobertura de los programas sociales, y asegurar así que todos los pobres y las familias en peligro de caer en esa condición de inmediato, pero solo ellos, puedan disfrutar de sus beneficios y lo hagan eficientemente.