Gobierno más fuerte, para promover crecimiento y equidad
Sexto de una serie de artículos osbre la necesidad de cambiar el modelo económico publicados en La República
Para disponer de más bienes y servicios necesitamos un gobierno fuerte y eficiente. El crecimiento de la producción depende de los factores productivos y de la eficiencia en su uso. El gobierno es una institución de enorme influencia en los resultados de la vida humana. Por una parte, el uso de capital, trabajo y recursos naturales para su funcionamiento (que los adquiere vía imperio y no por un acuerdo voluntario de partes), hace que esos factores no estén disponibles para producir otros bienes y servicios que los consumidores demandan. Y por otro lado, el gobierno produce bienes públicos (políticas públicas, cambio institucional, seguridad, justicia, educación, salud, infraestructura, servicios sociales) que responden a necesidades de los ciudadanos o afectan la eficiencia de la producción privada. Las maneras en que el gobierno adquiere sus recursos (la estructura impositiva) y los usa (la estructura del gasto público) afectan necesariamente la producción y distribución de los bienes y por ende la pobreza, la desigualdad y el bienestar.
Hemos visto que la carencia de capital humano deteriora la eficiencia de la producción y la equidad en nuestros días. También esa baja disponibilidad de capital humano limita la eficiencia del gobierno.
La crisis de inicios de los ochenta se dio con un déficit del sector público en 1981 del 19,1%, con deudas externa e interna de 120% y 36% respectivamente, datos todos con relación al PIB. Este insostenible desequilibrio procedía de una producción desacelerada por agotamiento de las oportunidades productivas protegidas, de un gasto desbordado y de las debilidades tributarias del modelo de sustitución de importaciones.
Para salir de la crisis, afrontar sus graves costos sociales y económicos y volver a crecer era imprescindible estabilizar la economía que además sufría un muy fuerte desbalance en sus pagos internacionales (un déficit en cuenta corriente del 15% del PIB). Y se duró muchos años en ese proceso. Para lograr mejorar las finanzas públicas fue imprescindible en los noventas disminuir el empleo del sector público.
Con ese fin y dadas las características de moderación, tolerancia y comedimiento en nuestras decisiones políticas, se recurrió a un sistema voluntario de abandono del empleo público, dando incentivos a los funcionarios que renunciaran. Pero claro, renunciaron quienes estimaron que encontrarían fácilmente empleo privado, por lo que no solo se redujo el número sino también la calidad media de la burocracia. Se “descremó”. A la vez se redujeron considerablemente y por un tiempo prolongado los programas de capacitación de los servidores públicos. Probablemente esta era la mejor alternativa posible. Pero se dio cuando el cambio hacia más mercado requería un gobierno pequeño pero más fuerte y mejor preparado para contribuir a la eficiencia y a la equidad. Es necesario solventar esa carencia.