Alternativas

Miguel ?ngel Rodr?guez E.

Rendir cuentas al soberano es caracter?stica esencial de una democracia madura.

En nuestro pa?s, el contenido y la precisi?n de c?mo rendir cuentas se han ido definiendo hasta llegar a la disposici?n de la reforma constitucional del art?culo 11 en el a?o 2000, que estableci?: ?La Administraci?n P?blica en sentido amplio, estar? sometida a un procedimiento de evaluaci?n de resultados y rendici?n de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley se?alar? los medios para que este control de resultados y rendici?n de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones p?blicas?. (Disposici?n que a?n est? lejos de cumplirse)

Pero desde nuestros albores se estableci? la obligaci?n de quienes ejercen el Poder Ejecutivo de hacerlo. As? el art?culo 36 del Estatuto Pol?tico de la Provincia de Costa Rica estableci? en marzo de 1823: ?Dar? cuentas (la Diputaci?n Provincial integrada por 3 miembros que se encargaba del Gobierno) de sus operaciones a este Congreso provincial?.

En cumplimiento del actual mandato constitucional (inciso 4 del art?culo 139) el Sr. Presidente don Carlos Alvarado present? su mensaje ?relativo a los diversos asuntos de la Administraci?n y al estado pol?tico de la Rep?blica y en el cual deber?, adem?s, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del Gobierno, y el progreso y bienestar de la Naci?n?.

En mi opini?n el mensaje cumple plenamente con la obligaci?n constitucional, y me parecen injustificadas las cr?ticas que se le han hecho por se?alar futuras acciones que el gobierno se compromete a emprender.

En cuanto a realizaciones no debemos ser mezquinos y debemos reconocer ampliamente dos importantes hechos del primer a?o de este gobierno: la construcci?n de acuerdos pol?ticos para poder tomar decisiones y el enfrentar con firmeza la seria situaci?n fiscal heredada.

En el primer campo, desde antes del quiebre del bipartidismo en las elecciones de 2002, se?al? el cambio que se daba en la realidad pol?tica nacional con el debilitamiento de los partidos tradicionales, y que en parte reflejaba la p?rdida de apoyo a la democracia -asentada en el estado de derecho y en la racionalidad- que ya se daba en el mundo occidental. Trat? de enfrentar de manera temprana ese cambio que dificultaba -desde la no aprobaci?n del PAE 3- la toma de decisiones apropiadas y oportunas para vencer nuestros problemas. Lo hice convocando -desde antes de resultar electo y al inicio de mi gesti?n- la Concertaci?n Nacional. Pero ese importante ejercicio, al que tanto buen fruto debemos, nos mostr? tambi?n la debilidad que signific? la no participaci?n de los partidos pol?ticos con fuerza electoral, lo que se dio por la negativa del PLN.

Por eso, y ante la aceleraci?n de esos cambios pol?ticos, en mi mensaje del 1 de mayo de 2001 propuse adoptar un sistema semiparlamentario para facilitar la toma de decisiones en una realidad pol?tica multipartidista y con fragmentaci?n al interior de los partidos tradicionales. Pero en ese, como en muchos otros campos, no se ha avanzado.

El Gobierno de don Carlos Alvarado fue el primero que -ante la realidad pol?tica y la falta de adaptaci?n de la estructura jur?dica presidencialista a esa nueva circunstancia- actu? para de hecho conformar un gobierno con participaci?n de funcionarios pol?ticos de diversos partidos, y adem?s encontr? buena respuesta en los partidos con representaci?n legislativa. Los parlamentarios de esos partidos supieron unir esfuerzos para poder tomar decisiones que por a?os hab?an sido postergadas. Sin este importante cambio, que fue valiente pues significa un alto costo pol?tico con los partidarios del Presidente, no se habr?a logrado el clima apropiado en la Asamblea Legislativa y en el pa?s para la toma de esas postergadas decisiones.

Ciertamente la actuaci?n del Presidente Alvarado y de los partidos mayoritarios durante este primer a?o se debe a su voluntad y no a un cambio institucional que se adopte a las nuevas circunstancias. La institucionalidad no se ha cambiado a excepci?n de la muy importante y meritoria reforma efectuada al reglamento legislativo, que tambi?n es fruto de la decisi?n de los actores pol?ticos de actuar conjuntamente.

De gran m?rito es tambi?n la acci?n del Gobierno del Presidente Alvarado frente a la crisis fiscal heredada.

La estabilidad econ?mica y el relativo crecimiento que ven?an d?ndose al inicio de esta administraci?n -en buena medida por el favorable entorno con la ca?da de los precios de del petr?leo- estaban gravemente amenazados por las condiciones fiscales que prevalecieron desde la Gran Recesi?n y que se agravaron con las irresponsables pol?ticas de gasto p?blico de la anterior Administraci?n. Est?bamos al borde de un despe?adero fiscal de tremendas consecuencias sociales y econ?micas. Y tienen raz?n el Presidente, la Ministra de Hacienda y sus colegas del sector econ?mico, las Diputadas y Diputados y la Sala Constitucional de sacar pecho y rescatar el gran aporte que el a?o pasado dieron al pa?s al aprobar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas P?blicas.

Claro que a todos ellos corresponde ahora asegurar que se cumplan las disposiciones de esa legislaci?n para que no solo se produzcan los nuevos ingresos al Gobierno, sino que tambi?n se ejecuten las disposiciones para restringir el gasto y asegurar hacia adelante la estabilidad.

Y tambi?n est? claro que ahora el mayor problema es la ralentizaci?n de la econom?a y su amargo fruto, el desempleo, y que de nuevo se requerir? un gran esfuerzo conjunto para vencerlo.

Miguel Angel Rodr?guez

Fuente: diarioextra.com