Alternativas

Conocidas como PPP por sus siglas en inglés, las asociaciones público-privadas han servido gran cantidad de funciones tanto en países desarrollados como en naciones en desarrollo. En general se trata de arreglos entre empresas privadas y entes del gobierno para utilizar las competencias, capacidades y eficiencia de las primeras en la prestación de alguna tarea de la administración pública.

En muchos casos consiste el arreglo en que la organización privada (por ejemplo el fideicomiso para la construcción de la Carretera a San Ramón) con base en un contrato con el gobierno, efectúe una inversión y opere una obra o servicio público, retribuyéndose con el pago que por el servicio hagan los usuarios. En otros casos se trata de aportar recursos y prestar el servicio, recibiendo un pago directamente del gobierno.

Entre nosotros se ha utilizado con éxito la figura de BOT que significa construir, operar y transferir, por parte del ICE para que la inversión privada financie y erija plantas para generar energía renovable, las opere por un número de años para entregárselas después al ICE, como ya ha ocurrido con operaciones de energía geotérmica. También se han empleado concesiones para las terminales aeroportuarias Juan Santamaría y Daniel Oduber, para la Carretera Castro Madriz, y para los muelles de Caldera y Moín. Ahora se está promoviendo PPP's mediante fideicomisos para las carreteras General Cañas y Bernardo Soto, y para la Florencio del Castillo.

El enorme faltante de buena infraestructura impone elevados costos que limitan nuestra eficiencia productiva y la generación de empleo. No es por ello lógico renunciar a la concesión para acelerar su construcción. Lo que se impone, es mejorar la capacidad estatal para contratar y para administrar las relaciones con los concesionarios, como de todos modos se deberá hacer con el Puerto en Moín y los dos fideicomisos carreteros.

Pero, sin cegueras ideológicas debemos abrir los ojos a otro tipo de PPP's.

El BID en 2014 publicó “¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica que brinda importantes respuestas a lo que se pregunta y que uno de sus autores, Gustavo Crespi presentó en una actividad de la Academia de Centroamérica hace pocos días.

Se propone establecer políticas económicas que impulsen el desarrollo empresarial cuando se pueda identificar una falla del mercado, se encuentre algún instrumento que pueda resolverla y se cuente con instituciones para poder aplicar ese instrumento.

¿Cómo identificar falla, instrumento y condiciones institucionales para dar efectivo impulso al desarrollo con mayor productividad?

La sencilla respuesta es mediante una asociación público-privada que estudie las propuestas de los productores y -con transparencia- determine si se cumple con las condiciones que justifiquen una política y acción pública al respecto, bien sea de orden general (mejorar los puertos, por ejemplo) o para un sector específico de la producción (como fortalecer las carreras de ingeniería en las universidades públicas).

Claro que es preciso actuar con la mayor transparencia y cuidado para evitar que este camino se convierta en una fuente de privilegios para empresas o personas determinadas con costos para el resto de la población, como ocurrió con las políticas de promoción industrial de nuestro pasado. Pero este es un camino para -sin diferencias ideológicas- descubrir acciones públicas que permitan incrementar la productividad, y así acelerar el crecimiento económico y disminuir el desempleo y la pobreza.